Han pasado 50 años desde que José Guadalupe Gaytán García, llegó por primera vez a los campos de algodón en Estados Unidos (EU).
Un contrato por 45 días y la fuerza de los 23 años eran sus únicas compañías; hoy con 73 años, 11 nietos y una precaria pensión, pelea como miles de sus compañeros por recuperar un fondo de ahorro extraviado del Programa Bracero que Estados Unidos y México firmaron en la década de los 40.
Los gobiernos de Estados Unidos y México firmaron en la década de los 40 un convenio para que trabajadores mexicanos se hicieran cargo de los campos estadounidenses abandonados en medio de la segunda guerra mundial.
“La paga no era mucha, unos 30 dólares por contrato de 45 días, había que levantarse de madrugada y trabajar sin descanso jornadas de un día completo”, recuerda José Guadalupe mientras muestra sus manos encallecidas y ya sin fuerza.
Entre los pocos beneficios con los que contaron estos 2.5 millones de mexicanos que fueron a trabajar al campo estadounidense entre los años 1942 a 1964, estaba la retención del 10 por ciento de su salario que iba a un fondo de ahorros.
“Leía los contratos y sabía de ese ahorro, pero nunca le tomé asunto”, dice al confirmar que ninguno de los beneficiarios reclamó durante décadas ese dinero que les correspondía.
Fue hasta el sexenio pasado, después de marchas y manifestaciones que llegaron hasta el interior del rancho del ex presidente de México, Vicente Fox, cuando se autorizó que recuperan el fondo de ahorro y se le dieran un apoyo de 38,000 pesos.
El año pasado sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón, modificó el acuerdo estableciendo que la ayuda se pagaría en exhibiciones de 4,000 pesos por año.
Para ex trabajadores migrantes como Francisco Leal de 87 años, la posibilidad de cobrar ese dinero era mínima, por ello, reanudaron las manifestaciones para exigir volver al acuerdo original de pagar en una sola exhibición los 38,000 pesos.
“Sólo pedimos lo que es nuestro, es un dinero que ganamos, en mi caso cosechando fresa y deshijando lechuga”, dice Leal, con una voz firme y el cuerpo erguido, aún cuando está por alcanzar las 9 décadas de vida.
El miércoles pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, pagar en una sola exhibición y no ha diez años, los 38,000 pesos de apoyo a ex trabajadores inmigrantes.
El acuerdo forma parte de las reformas a la Ley del Fideicomiso de Apoyo a Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos creado en el sexenio pasado, en el que el gobierno federal se comprometía a brindar esta ayuda a ex braceros por sus ahorros en la época 1942-1964.
“No tenemos nada que aplaudir, los diputados sólo retomaron un acuerdo que injustamente se había modificado”, dijo a CNNMéxico, Rosa Martha Zarate, integrante de la Librería del Pueblo, organización de apoyo a migrantes con sede en California y 25 años de existencia.
“Muchos de los beneficiarios no podrán cobrar este apoyo por que no tienen papeles o por su avanzada edad que les impide viajar a México para registrarse y cobrar el dinero”, agregó.
Gilberto Parra, presidente del Centro Jalisciense del Adulto Mayor y el Migrante, dijo que el problema de fondo no se ha resuelto, “se dio un avance importante pero no suficiente, no podemos olvidar que la principal demanda es la devolución del Fondo Campesino”.
El Frente Nacional de Organización Bracero Proa AC, estima que en ese periodo se firmaron al menos 5.5 millones de contratos, que iban desde los 45 días hasta los más de 20 años que duró el convenio.
Una historia de millones de dólares
“Si tomamos como base el contrato menor, de 45 días, el 10 por ciento del salario equivale a 14 dólares, investigadores de la UNAM hicieron un cálculo con base en los intereses generados y hasta el 2005, esa cifra ascendía ya a 300,000 pesos por un contrato de un mes y 15 días”, dijo a CNNMéxico, Martha Suárez Cantú, presidenta binacional del organismo.
“Estos mismos investigadores intentaron hacer una estimación de cuánto se debe en total a todos estos ex braceros y la cifra es inimaginable: 35.5 septillones de pesos”, agregó Efraín Arteaga, representante de la organización en Zacatecas.
Muchos de los braceros mexicanos que participaron en ese programa ni se enteraron de que les retenían el 10 por ciento de su salario, la mayoría eran analfabetas.
Fue hasta finales de la década de los 90, cuando probablemente algún familiar descubrió un documento y empezó a correr la voz para recuperar ese fondo de ahorro.
El movimiento de ex braceros que reclamaba estos recursos alcanzó su máximo grado de presión en el 2004 cuando cerraron fronteras, bloquearon carreteras y tomaron el rancho del entonces presidente de México, Vicente Fox.
