Las reformas que se discuten en el Congreso de la Unión para reformar la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos son sobre todo un acto de justicia para los mexicanos que laboraron en Estados Unidos en el contexto del Programa Bracero, de 1942 a 1964, aseguró el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, Antonio García Conejo.

Al respecto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), recordó que las mencionadas adecuaciones al marco legal, en las que se establece que se pagará a los beneficiarios su apoyo de 38 mil pesos en una sola exhibición y no en parcialidades como se venía haciendo a últimos tiempos, ya fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, por lo que sólo resta su ratificación en el Senado de la República.
Luego de exhortar a los integrantes de la Cámara Alta a ser sensibles en este tema, Antonio García, se congratuló con la aprobación del dictamen en la Cámara Baja y destacó que entre las novedades del mismo se encuentran la inclusión con carácter de beneficiario del apoyo social a las concubinas que acrediten su calidad mediante resolución judicial, así como a sus legítimos herederos en caso de haberlos.

De la misma forma, consideró importante que en el marco de la conformación del Comité Técnico del Fideicomiso se propone la inclusión de un representante del Poder Legislativo como invitado permanente, además de que el pago del apoyo social de los 38 mil pesos se realice en una sola exhibición.

García Conejo dijo que es importante que el dictamen se ratifique a la brevedad en el Senado de la República, ya que mediante esas reformas se pretende subsanar gran parte de las deficiencias y prácticas bajo las cuales operaba desde hace años la Ley que crea el Fideicomiso y Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

En su opinión, la eventual aprobación de las modificaciones al marco legal es un acto de congruencia hacia los ex braceros mexicanos porque sentará un precedente de justicia social y permitirá transparentar las acciones del Comité Técnico.