De 1942 a 1964, trabajadores mexicanos trabajaron legalmente en Estados Unidos como parte de un acuerdo bilateral. La paga era baja, pero el trabajo era seguro. Muchos de los trabajadores eran analfabetas y firmaban sin entender los términos del contrato. Dicho contrato estipulaba que el 10% de su salario sería depositado en una cuenta especial de ahorros. A 46 años de terminado (y olvidado) el programa, dichos trabajadores aún no reciben sus ahorros.
Pero primero un poco de contexto:
Durante la Segunda Guerra Mundial, a falta de mano de obra local en Estados Unidos, miles de trabajadores mexicanos obtuvieron plazas de trabajo temporales. Durante los 22 años que duró el programa, alrededor de 2.5 millones de jornaleros mexicanos trabajaron en Estados Unidos. Los plazos mínimos eran de 45 días, por los cuales se pagaban 30 dólares. Durante todos esos años, los recursos del fondo de ahorros fueron depositados al Banco de México y de ahí trasladados al Banco de Crédito Rural.
A finales de los 90, comenzaron a surgir ex braceros reclamando sus ahorros y durante el sexenio de Vicente Fox, se llegó al primer acuerdo para pagar la cantidad de 38 mil pesos por trabajador y se firmó la Ley del Fideicomiso de Apoyo a Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
El año pasado, la administración actual decidió que este monto sería sería pagado en exhibiciones de 4 mil pesos anuales. Seamos realistas, de seguir este patrón de pagos, muchos braceros morirán (literalmente) antes de poder cobrar la totalidad de sus ahorros.
De acuerdo al Frente Nacional de Organización Bracero Proa AC, el reclamo principal es que se pague en una exhibición a los 120 mil braceros registrados y aceptados por el programa. No debería ser complicado, a fin de cuentas el dinero está ahí, ¿verdad?
De hecho, nadie sabe en dónde quedaron los ahorros, que a estas fechas serían de 100 mil pesos por trabajador. Según el Frente Nacional, este dinero debió haberse “perdido” entre sexenios, pudo haberse destinado para gastos de campaña o simplemente, haber sido robado redistribuido por uno o varios funcionarios.
