Por increíble que parezca, el Estado mexicano tiene todavía una deuda económica e histórica con miles de personas que hace casi 60 años eran apenas unos muchachos.
Diversos investigadores documentaron que cinco años antes de estallar el conflicto de la Revolución Mexicana de 1910, centenares de jóvenes ya empezaban a irse a trabajar de manera estacional a Estados Unidos (EU).
Descuentos unilaterales
Desde esas fechas la migración internacional, incipiente entonces, estaba muy relacionada con el calendario anual de actividades y festividades de la sociedad rural mexicana. De esta manera, muchos jóvenes iban o venían constantemente de EU para participar de los actos, los ritos folclóricos y las fiestas de las comunidades pueblerinas del campo mexicano.
Por más de medio siglo los mexicanos contaron de relativas facilidades para ir y venir del “otro lado”. Por entonces no había mayor problema, pues los braceros, como tales, fueron reconocidos con ese término a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando EU vio en las crecientes masas de migrantes mexicanos una fuerza incansable de trabajo que lo ayudaría a sostener su naciente economía de guerra.
De acuerdo con diversos datos, al menos 5 millones de connacionales trabajaron en EU entre 1942 y 1966.
Ese periodo coincide con la urbanización del país que fue despoblando ranchos y pueblos y el desarrollo de un modelo económico basado en la sustitución de exportaciones que en teoría fue “estabilizador”.
Agradecido por el trabajo desplegado por los mexicanos, cuando por cierto EU empieza a surgir como una potencia mundial militar y económica, el gobierno de ese país decidió retener el 10 por ciento del salario a todo trabajador migratorio con el fin de crear un fondo de ahorro, con el argumento de que “les sería entregado al momento de regresar a México”.
Dicho fondo se manejó casi en secreto y apenas fue conocido por nuestros paisanos. La mayoría no supo de él. Muchos consideraron tal descuento como normal y especie de impuesto por permitirles trabajar a cambio de no ser deportados. En ese entonces como ahora, los salarios en el “otro lado” estaban casi diez veces por encima de los salarios mexicanos.
Los que supieron de ese fondo deberían acudir al Servicio de Inmigración de EU, pero por su carácter de indocumentados optaron por no hacerlo.
Además, muchos mexicanos apenas sabían leer el español como para entender, ahora en inglés, por qué concepto se les descontaba. Mucho menos tenían los elementos legales para exigir su devolución y ante qué instancia; en un país que poco a poco ya no los consideraba necesarios y que gradualmente empezó a expulsarlos y rechazarlos.
Miseria extrema
El gobierno de Estados Unidos vio como muy positivo entregar ese 10 por ciento global al gobierno mexicano, presidido entonces por Manuel Ávila Camacho, de manera que ese fondo se envió directamente al Banco de México. Pero el gobierno nunca informó cuánto dinero recibió. Fueron cientos de millones de dólares.
Millones de braceros murieron sin saber que les habían descontado ese fondo; y muchas familias viven en la miseria más extrema.
Con el habitual comportamiento y conducta de un priísmo ya sólidamente corporativizado, el gobierno federal decidió malversar esos ahorros. ¿Cuánto dinero se robaron? ¿Qué hicieron con él? ¿Quién se quedó con él? Nadie lo sabe.
Cuarenta años después, integrantes de la Alianza Braceroproa exigieron que el gobierno pagara cerca de mil millones de dólares a 400 mil ex braceros, sobrevivientes de ese periodo en que les retuvieron 10 por ciento de su salario. Pero el gobierno de Vicente Fox desoyó sus demandas. Fue sólo hasta principios del 2004 cuando más de 2 mil integrantes de esa alianza allanaron un rancho propiedad de la familia Fox para que el tema se convirtiera en un problema de interés nacional. Sólo entonces se empezó a conocer de la magnitud del infamante hecho.
Los ex braceros demandaron a la Cámara de Diputados intervenir en las investigaciones para determinar el destino del fondo retenido a los braceros en la década de los años 40, imputar responsabilidades y establecer un mecanismo que reintegre esos recursos a los trabajadores. Poco de eso se ha logrado hasta la fecha.
A mediados del 2004 la Cámara de Diputados aprobó una partida presupuestal especial que implicaba que a cada ex bracero, “sin mayor condición”, se le entregaran 100 mil pesos. Sin embargo, tal cifra fue una mentira, pues se bajó a 38 mil pesos. De un total de casi 100 mil inscritos en un padrón, el gobierno sólo ha reconocido a menos del 5 por ciento.
Pero además, las convocatorias y su procedimiento son humillantes. Por ejemplo, los 38 mil pesos quieren entregarlos en diez años, 4 mil pesos por año.
El gobierno federal de Fox, y ahora el de Calderón, han apostado a que los ex braceros se mueran primero para dar por terminado el problema.
Marcha digna
El próximo 10 de abril, cientos de ex braceros, la gran mayoría de ellos que apenas puede caminar, ver y oír, muchos enfermos; que con su trabajo contribuyeron al desarrollo de nuestra nación, volverán a salir para exigir, a través de una Gran Marcha por la Dignidad, que les devuelvan el fondo que el gobierno priísta les robó y que el gobierno panista les quiere escamotear.
A la marcha se incorporarán ex braceros jaliscienses, que junto con otros provenientes de diversas partes de la República caminarán desde Tepeji del Río, estado de Hidalgo, hasta la ciudad de México. Ojalá que no los hagan regresar con las manos vacías.
