Más de 5 billones de pesos se eleva la deuda con los trabajadores del Programa Bracero. El pago de 38 mil pesos es sólo el 3 por ciento del adeudo real, y los beneficiarios representan sólo el 0.17 por ciento de los casi 5 millones de contratados. "Mientras los ex braceros mueren sin recibir lo justo, el gobierno sigue sin cumplir un adeudo histórico de más de 60 años", indicó el investigador Javier Chávez Vargas.
Lo peor de todo es que ni siquiera el Gobierno Federal tiene un padrón real y verídico sobre el número total de ex trabajadores migratorios.
El Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos contempla el pago para los beneficiarios del programa binacional entre Estados y México de 1942 a 1964. Con la creación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos en 2003, la SEGOB contabilizó a 109 mil ex braceros para otorgarles 38 mil pesos.
Resulta ilusorio que en tres años se pague a la totalidad de los ex braceros y sus beneficiarios, pues se autorizaron solamente 300 millones de pesos, inferior a los 700 millones de pesos aprobados en un periodo anterior. Con la modificación a las reglas de operación del fideicomiso, los trabajadores sólo reciben abonos anuales de 4 mil pesos.
Desde el comienzo del programa, en 1942, se estipuló crear el Fondo de Ahorro Campesino, con el que se retenía el 10 por ciento del salario diario de los casi 5 millones de contratos firmados. Las empresas contratistas guardaron y transfirieron los recursos para devolverlos a los trabajadores agrícolas.
El reporte de investigación "Programa Bracero: una historia de 65 años de desprecio", del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, publicado en diciembre de 2008, dice que han pasado más de 60 años de saqueo a los trabajadores: "Se enfrentan a la vejez y, en vez de vivirla dignamente con el fruto de su trabajo. Han tenido que enfrentar una desgastante lucha por el reconocimiento del producto de su trabajo de muchos años: la devolución del dinero que el gobierno se niega a reconocer y pagar", refiere Chávez Vargas.
Por más de 60 años -calculó-, el gobierno utilizó más de 670 millones de pesos, más los intereses generados, producto de los años de trabajo de los braceros.
El monto de la deuda fue de más de 5 billones de pesos hasta 2008; sin embargo, el fideicomiso sólo pretende pagar el 0.0058 por ciento al 0.17 por ciento de los contratos que se firmaron con el Programa Bracero.
"El gobierno apuesta a que los ex braceros mueran, dado que su edad oscila entre los 90 y 100 años. Espera su desaparición y el olvido de este despojo, además de poner trabas a los familiares que intentan recuperar el dinero que sus padres o esposos trabajaron durante años".
Firmado el 23 de julio de 1942, después de sólo 10 días de negociación, el convenio binacional contemplaba que los braceros cubrieran la escasez de mano de obra de Estados Unidos en la agricultura. De esta forma, el gobierno estadunidense sería el contratista y los trabajadores mexicanos adquirirían los mismos derechos que cualquier ciudadano. Se les proporcionaría techo adecuado con las condiciones sanitarias necesarias y alimentación.
"Aunque significó una oportunidad de trabajo para los campesinos mexicanos, fue a costa de la explotación y la humillación de las empresas contratistas". Consideró que no obstante las condiciones que se establecían no eran desfavorables y protegían legalmente a los braceros, "en la mayoría de los casos fue violado por ambos gobiernos". Y es que mientras el gobierno de Estados Unidos violó el contrato, el gobierno mexicano los despojó del 10 por ciento de su salario, más los intereses acumulados.
Los salarios deberían ser iguales al pago de los trabajadores agrícolas estadunidenses, pero nunca menos a 30 centavos de dólar por hora. No obstante, sufrieron violaciones y vejaciones físicas y psicológicas desde su llegada a los centros de reclutamiento, cuando se les rociaba con el insecticida DDT para "matar pulgas mexicanas" y se les sometía a revisiones corporales para verificar que no tuvieran enfermedades venéreas.
El traslado de los braceros desde México se realizaba en condiciones inseguras, pues viajaban en trenes de carga sin puertas ni alimentos. Respecto de la vivienda, el reporte de investigación "Programa Bracero: una historia de 65 años de desprecio" señala que todos los braceros eran alojados en galeras donde compartían dos regaderas con agua fría, sostuvo el investigador.
Los alimentos eran también descontados de su salario. Se les servían en pequeñas cantidades y de mala calidad, insuficientes para quienes laboraban 18 horas continuas en el campo.
El documento apunta que las condiciones laborales establecidas en los contratos tampoco se cumplieron. Aunque se estipulaba que ningún trabajador podría ser alistado por el ejército estadunidense, hay testimonios sobre reclutamiento para participar en la Segunda Guerra Mundial.
Además de las labores que realizaban como parte de su jornada, los braceros trabajaban horas extras que no eran pagadas, y cumplían con tareas que no estaban estipulados en sus contratos.
La cláusula quinta del contrato de trabajo estipulaba que se descontara el 10 por ciento del salario de los braceros. Los montos serían conservados en calidad de depósito en el Banco de Crédito Agrícola de México, hoy Banco de Crédito Rural, para devolverlos a los braceros a su regreso.
